Constitucional de Guatemala suspende operación de minera de níquel suiza

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Fotografía del 11 de noviembre de 2019 que muestra una vista general del lago de Izabal, donde opera la mina de níquel, en el departamento de Izabal (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo
(Esteban Biba/)

Guatemala, 19 jun (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (máximo tribunal del país) ordenó este viernes suspender la explotación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN, S.A.), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, hasta que se realice una consulta popular.
La Corte confirmó así haber otorgado un amparo en julio del año pasado en contra del Ministerio de Energía y Minas, al considerar que “se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente”.
El amparo fue interpuesto por un grupo de pobladores del municipio de El Estor y alrededores, en el departamento de Izabal, unos 320 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala y donde se encuentra GNC, S.A., pues consideraban violados sus derechos de contar con una consulta previa al desarrollo del proyecto minero, respecto los parámetros del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Constitucional guatemalteco esgrimió que, cuando CGN solicitó una nueva licencia de operación en el año 2005, “no observaron el convenio 169 de la OIT”, el cual “ya era de observancia en Guatemala, desde 1997”.
Agregó que, además, el Ministerio de Energía y Minas “otorgó la licencia de explotación a CGN sin que esta entidad cumpliera con el requisito de aportar un estudio de impacto ambiental del área total que pretendía explotar, como lo dicta la legislación nacional”.
Según la resolución del máximo tribunal guatemalteco, el estudio de impacto ambiental con el que cuenta la mina Fénix, de la CGN, “fue realizado sobre una superficie de 6,29 kilómetros cuadrados”, cuando en realidad el Ministerio de Energía y Minas autorizó la explotación en más de 247,9 kilómetros cuadrados.
La Corte, en su sentencia, ordenó al Ministerio de Energía y Minas “que delimite el espacio territorial de la licencia únicamente en los 6,29 kilómetros cuadrados que sí cuentan con el estudio de evaluación de impacto ambiental”.
La resolución añade que Energía y Minas debe realizar en un plazo de 18 meses “el proceso de preconsulta y consulta que está previsto en el convenio 169 de la OIT con los pueblos asentados en el área de influencia (de mayoría maya q’eqchi’) del proyecto minero Fénix”.
La minera de capital suizo, sin embargo, “debe mantener en suspenso la explotación minera de los 6,29 kilómetros cuadrados en tanto no concluya el proceso de consulta”, subrayó la entidad constitucional.
SOLWAY INVESTMENT GROUP DEFIENDE EL PROYECTO FÉNIX
La compañía suiza, Solway Investment Group, asegura en su sitio oficial que, desde 2011, ha invertido “casi 620 millones de dólares en el Proyecto Fénix”, el cual, recuerda en la descripción del mismo, fue desarrollado por una compañía canadiense desde 1960, hasta pasar, hace nueve años, a su poder (en un 98,2 por ciento del total).
Según la compañía, mientras el proyecto Fénix opera con normalidad produce alrededor de 1.000 toneladas métricas de níquel en ferroniquel cada mes y la propia CGN asegura en su página de internet que el yacimiento es de gran potencial, tanto en calidad como en tamaño, y que está entre los 10 más ricos y puros del mundo.
LA POBLACIÓN ACUSA A LA MINA DE CONTAMINAR EL AGUA
El periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal en El Estor del medio guatemalteco independiente Prensa Comunitaria, ha denunciado las reiteradas intimidaciones y amenazas en su contra y de otros colegas desde que, en mayo de 2017, comenzó a investigar la conflictividad social entre pescadores de El Estor, la municipalidad y la CGN.
Según diversos reportes de este medio y otros a nivel internacional, los pescadores del lago de Izabal acusan a la mina de haber contaminado el agua del sitio, acusación que la empresa descarta.
El conflicto llegó a su cúspide el 27 de mayo de 2017 cuando, en el marco de una mesa de diálogo que no se realizó, los pescadores realizaron una protesta en la calle de acceso a la mina que fue disuelta con violencia y con un enfrentamiento en el que murió el pescador Carlos Maas y en el que siete policías terminaron heridos.

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